El origen del litigio se remonta a la creación, a finales del pasado año, de la compañía operadora de corto y medio radio Iberia Express, que desembocó en varias jornadas de huelga por parte del Sepla y en la cancelación de cientos de vuelos.

Para resolver el conflicto, el Gobierno designó un mediador, Jaime Montalvo, y, ante la falta de acuerdo, estableció posteriormente un arbitraje obligatorio, cuya decisión fue recurrida por Iberia Express ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional al entender que le afectaba y no se había podido pronunciar al respecto.