El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opone a la convocatoria de una huelga de jueces al entender que con esta “actuación de presión” de la carrera judicial sobre el Gobierno “el que resulta perjudicado es el ciudadano”. “Quienes están al frente de un poder del Estado deben tener siempre en cuenta que una de sus prioridades es la atención al ciudadano”, dijo la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en un encuentro informativo con Servimedia.

Ante la amenaza de huelga que planea debido al malestar de la carrera judicial con las reformas proyectadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Bravo subrayó que el Consejo “es partidario de buscar vías de diálogo para encontrar las soluciones adecuadas”. “Entendemos que parar la justicia no es una solución porque en definitiva el que resulta perjudicado es el ciudadano”, señaló.

La portavoz CGPJ también censuró la intención de algunos jueces de “autorregular” la carga de trabajo que soportan a partir de este viernes. “El Consejo entiende que son ilegales las medidas de autorregulación, ya que pueden conducir a perjudicar el servicio público”, dijo.

Aun así, Bravo aseguró que el CGPJ mantiene una postura de “comprensión y apoyo” de las reivindicaciones de la carrera judicial, ya que entiende que “la mayoría de los jueces de este país están soportando una inmensa carga de trabajo”, sobre todo aquellas jurisdicciones que han sufrido “un aumento de la litigiosidad derivada de la crisis económica”.

La portavoz, además de subrayar esta sobrecarga de trabajo derivada de la sempiterna falta de recursos materiales y personales, señaló como otro de los factores que explican el malestar en la carrera judicial “los recortes salariales” y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno del PP, que afecta “a temas tan sensibles como las bajas laborales y los permisos”.

Bravo, sin embargo, aseguró que el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta “el momento económico en el que estamos”, está trabajando “para abrir nuevas vías y buscar procedimientos más ágiles y más sencillos” en la administración de justicia. “Estamos siendo poco eficaces, la justicia necesita una reforma sustanciosa”, aseveró.