La iniciativa, según informa el Ministerio de Sanidad, aprobada a propuesta española, "es una respuesta unánime a la preocupación de todos los países iberoamericanos por el aumento del uso fraudulento de la terapia celular y la publicidad engañosa en los últimos años".

La ‘Resolución de Quito’ incluye el compromiso de todos los países iberoamericanos para establecer un marco jurídico que regule las actividades en esta materia y también contempla intensificar la información a los ciudadanos sobre la evidencia científica actual en el uso de este tipo de terapias.

También recoge la necesidad de aunar esfuerzos ‘supranacionales’ para impedir el establecimiento de redes internacionales delictivas en cualquiera de los países iberoamericanos, y armonizar los marcos legales que regulen estas prácticas, con el fin de proteger la dignidad y la seguridad tanto de los donantes como de los pacientes receptores.

En la reunión de Quito han participado representantes de todos los países iberoamericanos y de las sociedades científicas más importantes relacionadas con la donación y el trasplante.