Así lo anunció este lunes tras la reunión con los consejeros de Educación dedicada a analizar el anteproyecto de la Lomce el ministro José Ignacio Wert, quien propuso este mes extra para “afinar las propuestas de las comunidades autónomas y los detalles técnicos” expresados al respecto.

De hecho, durante noviembre habrá dos nuevas conferencias generales (reuniones con los directores generales y cargos técnicos) para tratar “estos detalles” y a principios de diciembre se celebrará la segunda Conferencia Sectorial de Educación, con “las propuestas de las autonomías”.

Según Wert, esta decisión ha contado con “el respaldo unánime” de todos los consejeros y responde a la voluntad de diálogo ante “la gran cantidad de aportaciones realizadas”.

La mayor parte de dichas propuestas versaron sobre la necesidad de incorporar “la formación, selección y carrrera profesional del profesorado” al articulado de la Lomce, al modo de implantación de las pruebas de evaluación externa estandarizadas” y al avance en la mayor autonomía en la gestión de los centros, indicó el ministro.

Aunque todo lo referido a la carrera profesional de los profesores se recogerá en el futuro Estatuto del Personal Docente No universitario, Wert se mostró dispuesto a “estudiar la posibilidad de incluir ciertos aspectos” sobre su selección y promoción interna en la futura ley, dada la “preocupación expresada por las comundiades autónomas”, aunque “luego en el estatuto se desarrolle con más detalle”.

También dijo comprender el interés de los consejeros sobre “las consecuencias académicas de las evaluaciones para los alumnos en cada etapa educativa”, sus repercusiones en los centros y la forma de aplicar los exámenes, ya que reconoció que las autonomías “tienen más experiencia práctica en la gestión”.

En su opinión, ese plazo extra no influirá en el calendario previsto para la aprobación definitiva de la Lomce, puesto que “por las vacaciones parlamentarias de enero, da prácticamente igual si llega al Congreso el 27 de diciembre que el 2 de febrero”.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Las consejeras de Educación de País Vasco y Cataluña, Isabel Celá e Irene Rigau, respectivamente, pidieron “la retirada” del anteproyecto de ley, ya que, a su juicio, supone “una invasión de competencias” por parte del Estado y es contrario al Estatuto de Gernika y a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Según Celá, “es una ley centralista y vulnera nuestras competencias en un doble sentido”, pues amplía en un 10% más la capacidad de decisión del Ministerio sobre los temarios, y en las pruebas de evaluación externa concede al Estado todas las capacidades, tanto en la fijación de contenidos como en el establecimiento de criterios de evaluación.

Entiende que el anteproyecto “retrotrae a medidas que estaban ya en el desván”, prosiguió Celá, y contradice el Estatuto de Gernika, que “considera la educación como competencia exclusiva de Euskadi”.

Además, apuntó que la LOE nació con una memoria económica de 7.000 millones de euros, mientras que esta ley verá la luz con un recorte de 5.000 millones a causa de las medidas de austeridad.

Rigau destacó que el propósito de la nueva norma “es recentralizar competencias”, en contra de lo que Rajoy prometió, y señaló que de los seis supuestos que la Logse consideraba propios de legislación común, “con la Lomce hemos pasado a 72”.

Entre estos, Rigau citó el establecimiento de los criterios de admisión de los centros, que en la actualidad dependen de las comunidades autónomas y que en el texto actual pasarían a ser competencia de cada centro escolar.

El Tribunal Constitucional dictaminó que el Estado solo puede legislar sobre las materias de su ámbito competencial, con lo que este anteproyecto “sería contrario” a su doctrina, agregó Rigau, quien ha entregado al ministro un documento con los 72 supuestos que para la Generalitat se vulneran en la Lomce.

Por su parte, Wert señaló que no piensa “renunciar a los objetivos básicos” de la ley, aunque se mostró dispuesto a debatir “sobre la mejor forma de llegar a ellos”.

Con todo, insistió en que la norma no “invade competencias ni tiene un espíritu recentralizador, puesto que no devuelve al Estado ninguna que antes tuvieran” los gobiernos regionales.

“Sí tiene un afán clarificador, para delimitar bien qué aspectos son competencia del Estado, cuáles de las autonomías y cuáles de los centros”, subrayó.

FALTA DE TIEMPO

Celá coincidió finalmente con la consejera andaluza, Mar Moreno, en lamentar que “una ley educativa no se hace en dos meses”. Según Moreno, “cualquier reforma de calado en este país ha durado muchísimo más tiempo y la necesidad de un mayor de debate era un sentir general”.

“Aunque el Ministerio no se ha movido mucho respecto a los aspectos más conflictivos de la ley, Andalucía no tira la toalla y mantiene su actitud de diálogo”, afirmó.

Por ello, ha presentado a Wert un documento con nueve puntos clave, a fin de que “los aspectos más regresivos de la reforma, que la convierten en una carrera de obstáculos y en una ley elitista, salgan de la Lomce” en su redacción final, apuntó.

Entre estos, citó la implantación de las pruebas externas de evaluación; la publicación de listas de centros educativos; “el retroceso en la participación democrática en la gestión de institutos, con directores elegidos a dedo por la administración, y la “creación de vías muertas y segregadoras, como la Formación Profesional Básica, que impide titular en ESO”, concluyó.