Sin embargo, el reglamento aprobado por el Consejo de Ministros establece que el Tesoro devolverá a las empresas las cuantías aportadas que correspondan a los trabajadores despedidos que en el plazo de seis meses encuentren un nuevo empleo.

El objetivo de esta medida, según apuntó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, “no es que las empresas no lleven a cabo estos ajustes, sino que no sea el sector público el responsable de las aportaciones”.

La ministra explicó que una vez se produzca el despido de los trabajadores, la Administración calculará la cuantía de la aportación que tendrán que hacer las empresas teniendo en cuenta el gasto previsto en prestaciones contributivas y sus cotizaciones, así como en los subsidios si el empleado cumpliera los requisitos para acceder a ellos.

Una vez la empresa tenga conocimiento de estas cifras tendrá 15 días para presentar alegaciones y 30 días para realizar la aportación al Tesoro. Posteriormente, si alguno de los trabajadores afectados encuentra un nuevo empleo en el plazo de seis meses, el organismo público devolverá la cuantía equivalente a la empresa.

Báñez subrayó que esta medida tiene su origen en la época de bonanza económica, cuando las empresas realizaron ajustes en su plantilla a base de prejubilaciones “utilizando” los recursos públicos.

La ministra admitió que el Gobierno anterior “ya puso coto” a estas prácticas, pero destacó que el actual Ejecutivo “llega un poco más lejos”.

En concreto, apuntó que las razones principales de esta medida es “moderar el impacto de expulsión del mercado de trabajo de forma prematura e injusta a los ocupados de más edad, reducir el impacto económico tan importante en las cuentas públicas, y garantizar el sistema de Seguridad Social acercando la edad real de jubilación a la edad legal y en línea con el envejecimiento activo”.

Tras el desarrollo de esta medida, Báñez anunció que en “las próximas semanas” llevará al Consejo de Ministros otros reglamentos de la reforma laboral como el del contrato de formación y aprendizaje o el de la formación dual.

ERE

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó también el reglamento sobre los procedimiento de despidos colectivos que elimina la exigencia de la autorización administrativa previa en los casos de expedientes de regulación de empleo (ERE).

No obstante, Báñez aseguró que la medida busca garantizar la seguridad de los trabajadores durante el periodo de consultas ya que se regula “de manera detallada” este proceso de consulta que es “la esencia de todo el procedimiento”.

Además, apunta que, aunque la autorización previa se sustituye por una comunicación empresarial, los afectados pueden acudir a la tutela judicial. También destacó la ministra que esta medida no supone que la autoridad laboral pierda su papel en el proceso, sino que ahora pasará a ser “vigilante” y prestará una “ayuda excepcional” en la negociación.