En declaraciones a Servimedia, Montalbán señaló que en el segundo trimestre de 2012, estas renuncias aumentaron un 13,4% respecto al trimestre anterior, y achacó este mal dato “a la crisis y a la incertidumbre económica”.

Por eso, si el Anteproyecto de Ley que prevé encarecer las tasas judiciales en segunda instancia entre 50 y 750 euros sale adelante, producirá un mayor retraimiento por parte de las mujeres, vaticinó.

Cuando hay inseguridad respecto al empleo propio o por la situación económica general, “habrá mujeres que teman por la posibilidad de mantenerse a ellas y a sus hijos y no se atrevan a continuar con la denuncia contra su agresor, del que pueden depender económicamente”, subrayó Montalbán.

De ahí que aunque “posiblemente” la nueva ley incluya a estas mujeres entre los colectivos exentos y con derecho a la asistencia gratuita", puede cundir el miedo.

“Trabajaremos para que así sea”, señaló Montalbán, aunque advirtió de que “el número de papeles y trámites” que se deben recoger de cara a que se reconozca este derecho “es tan largo”, que muchas mujeres necesitarán ayuda “solo para conseguirlo”.

A su juicio, son muchas las causas por las que una mujer decide no seguir adelante (miedo, chantaje, presión familiar...) y si además existe la incertidumbre sobre la gratuidad de la justicia, “será todavía peor”.

“Estoy en contra de cobrar tasas por el acceso a la justicia”, apuntó Montalbán, para quien este tipo de medidas “aumentará la brecha entre justiciables y la administración”.

En su opinión, “solo se debería cobrar a las grandes compañías, que pleitean cotidianamente, pero nunca a los particulares para los que la justicia es siempre el último recurso”.