A través de un comunicado conjunto, estos colectivos expresaron su “rotunda” oposición a la ley de tasas, al tiempo que advirtieron a los ciudadanos “de la grave privación de derechos que sufrirá el acceso ciudadano a la Justicia”.

Según JpD, UPF y Sisej, el anteproyecto que este lunes debate el Congreso tiene un “precedente” en la España de 1959 “en plena dictadura”.

Asimismo, estos colectivos sostuvieron que las tasas judiciales “limitarán e impedirán el acceso de la mayoría de la población a la Justicia, atacando frontalmente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución”.

Para estas organizaciones judiciales, es “inaceptable” que por no poder pagar una tasa “no se dé curso a una demanda” de los ciudadanos en relación con los tribunales.

Además, los firmantes de este comunicado opinaron de la “elevada cuantía” de las tasas fijadas tienen como “única finalidad” el “restringir el uso del servicio público de la justicia a la mayoría de la población, permitiendo litigar sólo a aquellos que económicamente puedan afrontarlas”.