El abogado de los progenitores, José Manuel Rodríguez, señaló que los padres “pagaron” este examen psicológico después de que el Ministerio Fiscal “no atendiese” su petición de que el niño fuese visto por dos psicólogos especialistas independientes para que dictaminaran si su ingreso en el centro de protección de menores de A Carballeira podría representar algún tipo de “trauma o perjuicio” para el menor.

Los padres llegaron a asegurar que si confirmaban que el ingreso en el centro “era más seguro y conveniente” que un “tratamiento dietético y de modificación de la conducta alimentaria en el ambiente familiar y entorno comunitario” serían favorables al ingreso.

Con las pruebas presentadas hoy en el juzgado por la procuradora, el abogado señaló que se demuestra que “no hay voluntad rebelde al cumplimiento del mandato de entrega” sino “el ejercicio responsable que tienen como padres de proteger los intereses del niño” porque su postura se basa en una “causa justa”.

Esto se produce después de que el juez les requiriera a los padres que entregasen el niño bajo el apercibimiento de la comisión de un delito de desobediencia o que dijeran donde estaba en un plazo de cinco días, plazo que expiró.