Explicó que Aguirre es la tercera vez, en esta legislatura, que modifica la Ley del Suelo, en esta ocasión sin debate y sin transparencia, utilizando leyes “excepcionales, disfrazadas de urgentes, de liberalizadoras y de acompañamiento presupuestario”.

Quintana dijo que “siempre ha sido poco transparente utilizar las leyes de acompañamiento de los presupuestos para cambiar leyes que nada tienen que ver, pero esta vez, estos cambios implican cercenar la autonomía municipal y permitir que cualquier amigo de la Presidenta pueda hacer de un terreno público un negocio privado, incluso en zonas protegidas o no calificadas urbanísticamente, o que la Comunidad de Madrid pueda hacer lo que le de la gana, donde le de la gana sin contar ni con nada ni con nadie saltándose incluso el propio control de la Ley. Cuando esto sucede, sólo podemos calificar esta medida como dictatorial".

Afirmó que, ahora, “de forma clara”, Esperanza Aguirre gobierna “en un permanente estado de excepción, a través de leyes urgentes, y cuyo penúltimo escenario es la pretensión de modificar una ley como la del suelo, evitando el debate abierto, transparente y democrático, como ella misma se había comprometido a hacer en el último debate del estado de la región”.

Dijo que cuando Esperanza Aguirre trata de legislar el suelo y el urbanismo, “esquiva el debate, impide que la oposición pueda argumentar en contra de sus pretensiones y, sobre todo, evita explicar el por qué de tanto cambio y a quién pretende beneficiar con sus propuestas.”

Explicó que “cambiar las reglas del juego urbanístico, cercenar las competencias de los ayuntamientos sin tan siquiera haberles consultado y pretender que la aprobación de los proyectos urbanísticos privados recaiga en exclusiva en su persona, es llegar al máximo de lo que las reglas democráticas permiten, amén de ser muy posiblemente ilegal y servir de germen para nuevos chanchullos urbanísticos como los que vienen afectando al PP en la Comunidad de Madrid”.