Esta es una de las conclusiones del foro sobre ‘Legislación TIC y Discapacidad’, que se desarrolló durante el Congreso organizado por la Fundación CENTAC. Aún así, Vañó señaló que en los últimos años “hemos pasado de los servicios sociales a los derechos, si bien todavía hay que adaptar muchas leyes porque todo es transversal”. En este sentido, destacó que existe “muy buena disposición” en el Congreso de los Diputados y un “acuerdo tácito de dejar al lado las ideologías, porque somos conscientes de que estamos en deuda con las personas con discapacidad”.

En la misma línea, la directora del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Dependencia (Ceapat), Cristina Rodríguez Porrero, señaló que existen unos marcos normativos buenos e importantes, así como una transversalidad relevante porque estamos actuando en muchos ámbitos. “La sombra fundamental es que no está muy castigado el incumplimiento de la ley”, subrayó, agregando que la ley tiene que estar mejor cumplida, porque “una vez que la legislación está publicada en el BOE, parece que no hay nada más que hacer”.

En opinión del experto en legislación social y TIC accesibles, Juan Carlos Ramiro, “las tecnologías tienen un gran potencial, han reducido la brecha social, y permiten mejorar un derecho inherente a la persona que es el derecho a la movilidad”. En este sentido, apostó por trabajar con la industria, con el fabricante de esos productos, bienes y servicios, “para que el diseño universal sea una realidad”.