Fuentes gubernamentales aseguraron a Servimedia que la idea lanzada por Cosidó para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana no puede considerarse una iniciativa del Ejecutivo porque a él sólo pertenecen "los ministros y los secretarios de Estado".

El Gobierno declaró que las palabras de Cosidó, que han generado una fuerte polémica, deben interpretarse como "la opinión del director de la Policía" y en ningún caso como la postura oficial del Ministerio del Interior.

Desde el gabinete de Mariano Rajoy entienden el fondo de la propuesta lanzada por el director de la Policía pero la engloban dentro de las demandas que están transladando los propios sindicatos del Cuerpo.

Subrayan que la propuesta de Cosidó debe entenderse en el "contexto" en que se produjo, durante su participación en un seminario del sindicato CSI-F sobre las consecuencias que para las Fuerzas de Seguridad está teniendo la crisis económica.

Las palabras de Cosidó, por lo tanto, iban dirigidas principalmente a los representantes sindicales de la Policía, que precisamente han recibido con satisfacción la propuesta para prohibir la captura de vídeos o fotografías de los agentes.

DESAUTORIZADO POR MONCLOA

Precisamente, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, corrigió este viernes la propuesta del director de la Policía para prohibir que se grabe a los agentes en las manifestaciones y aclaró que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe tener "el máximo equilibrio" con otros derechos como los de "reunión, manifestación, opinión y expresión".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría respondió con cautela a las cinco preguntas que se plantearon sobre la propuesta del director de la Policía, que ha generado una gran polémica ante la posibilidad de que al proteger la identidad de los agentes se vulveren otros derechos fundamentales, como el artículo 20 de la Constitución que regula el derecho de información.

La vicepresidenta reconoció que se trata de "un tema complejo, porque afecta a diversos derechos", y distinguió que la Policía, por un lado, "debe analizar los problemas con los que se encuentran los agentes" y el Gobierno, por otro, debe proteger todos los derechos existentes.

Manifestó que, en el proceso de elaboración de la ley, "tocará encontrar ese equilibrio" entre la propuesta lanzada por Cosidó para proteger a "quienes realizan tareas públicas" y la garantía de otros derechos ciudadanos.

Sáenz de Santamaría apeló a la "integridad personal de los agentes" para defender inicialmente la idea del director de la Policía, pero insistió una y otra vez en que "debe lograrse el equilibrio" entre todos los derechos que están en juego.

"El único límite debe ser la protección de otro derecho", recalcó la vicepresidenta, quien aseguró que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se hará "desde el máximo respeto" a la libertad de manifestación de los ciudadanos y de opinión.