A través de un comunicado, el SUP señaló que la declaración de Cosidó puede pretender “alejar del foco de atención la realidad de la pérdida de poder adquisitivo” de los agentes.

Por este motivo, este sindicato pidió al director de la Policía que “elabore un informe jurídico comparativo con las democracias de nuestro entorno para conocer cómo se aborda en las mismas este problema”, en referencia a las fotografías a agentes.

Además, el SUP se refirió a que son los sindicatos los que están pagando a los abogados que defienden a los policías ante las denuncias que reciben o quienes ejercitan la defensa de sus derechos mediante la actuación jurídica correspondiente.

Por este motivo, este sindicato señaló que el anuncio de Cosidó le parece “una declaración voluntarista, esperamos que no demagógica, pues no habla de impedir que se puedan captar imágenes, cosa que parece imposible dada la sociedad tecnológica en que vivimos”.

En todo caso, el SUP dijo que confía en que “se establezca el mecanismo que permita determinar en qué supuestos se produce la vulneración de derechos necesaria” para que los responsables de la Policía salgan en defensa de los agentes.

Esta organización sindical añadió que lo único que ven, hasta el momento, “es que pone a los abogados del Estado a defender a algunos mandos acusados por los sindicatos de graves delitos (último ejemplo, un jefe Udyco de Cádiz, condenado a 12 años de prisión al que se sigue defendiendo)”.