La consejera navarara de Vivienda y Ordenación del Territorio, Amelia Salanueva, afirmó que se trata de generar suelo y no basta sólo con crear un baremo de acceso al régimen de alquiler, sino que hay que recortar los precios, hacer hincapié en la cultura del alquiler y en la intermediación para que se alquilen las viviendas que están desocupadas. También se tomarán medidas excepcionales en materia de rehabilitación, según afirman desde el Ejecutivo navarro.

Asismismo, Salanueva comentó que se estudió la posibilidad de que las viviendas protegidas, que lo son durante 30 años, lo fueran de forma permanente, pero otras valoraciones indican que no es el momento de abordar esa medida, por lo que se mantiene el plazo de 30 años y 15 para el alquiler.

Esta iniciativa se elaboró contando con la participación de distintos sectores, tiene en cuenta las sugerencias de colectivos sociales y del Defensor del Pueblo, y recibió el informe favorable de la comisión foral de régimen local en la que está representada la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

El proyecto incluye la supresión del régimen especial y general, y de las Viviendas de Precio Pactado, de manera que sólo existirán la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la Vivienda de Precio Tasado (VPT).

Así, se modifican los requisitos de ingresos de los adquirientes de vivienda protegida: se elevan los ingresos mínimos y se disminuyen los ingresos máximos.

Para los adquirientes de VPO se fijan unos ingresos mínimos superiores a 12.000 euros e inferiores a 4,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y los que soliciten vivienda de precio tasado deberán tener unos ingresos superiores a 15.000 euros e inferiores a 6,5 veces el Iprem.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El proyecto prevé además excepciones al cumplimiento de requisitos mínimos para determinados colectivos como personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, entre otros, así como para el caso de las viviendas que queden sin adjudicar.

Prevé también la expropiación por supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en edificios de uso residencial, que se hará por los ayuntamientos mediante plan especial.