En rueda de prensa en el Congreso, juzgó “muy lamentable” que sean los medios internacionales como el `Financial Times´ los que informen de las intenciones del Gobierno sobre la petición de rescate, algo que “erosiona” la imagen de España en el exterior.

Soraya Rodríguez acuñó el término “austericidio” empleado desde hace tiempo por Izquierda Unida para calificar la política económica del Gobierno, y se preguntó que hará para frenar la salida de capitales, estimada en 300.000 millones de euros, si las medidas emprendidas hasta ahora para recortar mucho menos están acabando con la cohesión social.

Denunció que los países que ya han pedido el rescate están “puestos de rodillas” y conducidos a un “callejón sin salida” mientras cada vez más voces están clamando “basta” contra esa estrategia. “Cuando unos ya, lamentablemente, están volviendo, no vayamos nosotros”, proclamó.

Soraya Rodríguez insistió en pedir un “cambio de rumbo” en la política económica del Gobierno y en denunciar la ausencia del presidente en el Congreso de los Diputados, supuestamente por una agenda internacional apretada que en realidad “se reduce a Galicia y País Vasco” por la campaña electoral.

Ante la negativa reiterada del Gobierno a que Rajoy comparezca en un pleno monográfico sobre la situación económica, los socialistas pidieron en la Junta de Portavoces que sea el presidente quien defienda el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Es “una oportunidad de oro”, dijo la portavoz, pero la respuesta del Gobierno fue que los usos parlamentarios indican que eso lo hace el ministro de Hacienda, en este caso Cristóbal Montoro.

En ese debate, los socialistas defenderán una enmienda para que el Gobierno revalorice las pensiones en función del IPC incluidos los impuestos, para evitar la tentación de hacerlo a partir de un “IPC falso”.

De nuevo, aseguró, Rajoy sólo acudirá al Congreso “arrastrado por la ley” para informar del Consejo Europeo, aunque incluso en ese ámbito, explicó Rodríguez, el responsable de las relaciones con el Parlamento recordó en la Junta de Portavoces que la literalidad de la ley obliga a la comparecencia del Gobierno, pero no necesariamente del presidente.

Por ello se preguntó si detrás de esa reflexión hay “algo más”, un estudio del Gobierno sobre las posibles vías a explorar para que el presidente no tenga que comparecer.