La recomendación se produce tras la queja que presentó una alumna de la Facultad de Educación ante la oficina que dirige Soledad Becerril, en la que mostraba su disconformidad con la calificación obtenida en un examen. Además, la estudiante considera que debía haber dispuesto de treinta minutos adicionales para realizar la prueba.

La vicerrectora de Atención a la Comunidad Universitaria de la Complutense, Cristina Velázquez, manifestó a Servimedia que se trata de una alumna con dislexia que no advirtió de ello antes del examen a ningún departamento de la universidad, incluida la Oficina de Integración de las Personas con Discapacidad de esta institución.

Velázquez dijo que la Universidad Complutense "es pionera en la adopción de adaptaciones para personas con discapacidad". Explicó, además, que se ponen los medios necesarios, "más allá de las exigencias legales", para que todos los estudiantes con discapacidad demuestren que tienen los conocimientos exigidos en cada materia, si bien precisó que lo que no se hace "es rebajar los criterios académicos".

Asimismo, indicó que la citada oficina gestiona las reclamaciones que puedan presentar los alumnos, por lo que insistió en que el procedimiento correcto que tenía que haber seguido la alumna era poner en conocimiento de la universidad su situación para poder adoptar las medidas necesarias.

En cualquier caso, la vicerrectora agradeció la recomendación de la defensora del Pueblo de publicar las adaptaciones que pone a disposición de los alumnos con necesidades especiales y aseguró que se expondrán en la página web de la institución.

Además, señaló que existe un vacío legal en relación a estas cuestiones en el ámbito universitario, pese a lo cual insistió en que la Complutense presta especial atención a este tipo de adaptaciones.

A este respecto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recordó a esta agencia que no hay una norma que fije los criterios concretos de adaptación de exámenes de alumnos con discapacidad, salvo en los procesos selectivos públicos, aunque sí existen recomendaciones legales en varios textos normativos, como la Ley Orgánica de Universidades o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Ley Orgánica de Universidades establece, en su disposición adicional decimocuarta, que "las universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito universitario".

Y prosigue: "Las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria".