En una la segunda carta abierta del sector, publicada este jueves en prensa, aseguran que el proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, actualmente en debate parlamentario, es un “instrumento exclusivamente ideado para dar solución al problema del déficit tarifario” pero “obvia que el coste de miles de millones de euros que traslada a las empresas industriales del país las deslocalizará en breve generando consecuencias irreversibles sobre la economía”.

Por ello entiende que “si se ponen en riesgo los más de 250.000 millones de euros y dos terceras partes del Producto Industrial Bruto (PIB) que generan los sectores firmantes de este documento, si se ponen en riesgo los más de 4 millones de puestos de trabajo cualificados que proporcionan de forma directa e indirecta, y si se extingue la contribución de nuestra industria a la economía nacional, ya no habrá empresas a las que imponer una presión fiscal desmedida para acabar con el déficit tarifario”.

En la misiva, las patronales firmantes aseguran que la industria “no puede asumir un coste energético de esta magnitud. Ninguna industria de ningún país podría”, añaden.

La carta abierta publicada este jueves es la continuación de la que publicaron el pasado viernes cinco de las principales patronales, y a la que se sumaron las otras 10 representaciones para esta segunda protesta.

En la primera carta abierta, recordaban al Gobierno que desde 2008 se han “destruido el 25% de la actividad industrial y 600.000 empleos”, además de las “importantes reestructuraciones” acometidas por las empresas. En ella, avisan que la reforma energética en sus términos actuales “traslada al tejido productivo este coste y supondría la destrucción inexorable de muchas empresas y de puestos de trabajos en un corto espacio de tiempo”.

La industria asegura que la propuesta incrementará en 1.500 millones de euros anuales el coste energético de las empresas, un sobrecoste que considera “cercena cualquier posibilidad de competir en los mercados”.

Por ello, las patronales exigen la necesidad de abordar una “auténtica reforma eléctrica” porque “los mecanismos emprendidos son meros mecanismos de recaudación”, concluyen.