Los socialistas rechazan “de plano el espíritu y los principios” de ese proyecto, “que parece hacer recaer en la ciudadanía la responsabilidad de la situación de la justicia”.

Alegan que la Constitución configura la Justicia de una doble manera, como un valor superior del ordenamiento jurídico, de forma que su realización es objetivo fundamental; y también como un servicio público que proporciona a los ciudadanos la última y necesaria garantía en el ejercicio de sus derechos y libertades.

Advierten, además, de que el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades exige a los poderes públicos no sólo la existencia de ese servicio público, sino la garantía de que satisface las pretensiones de los ciudadanos.

Recurren por ello a palabras del Tribunal Constitucional, según el cual ese derecho “puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”.

Los socialistas creen que la ampliación de las tasas a las personas físicas y a prácticamente todos los órdenes jurisdiccionales, convertirá al sistema en un “repago”.

Con ello, consagrará “un rechazable modelo de justicia no ya de dos velocidades, sino que habrá ciudadanos que puedan costearse sin problemas la defensa de sus derechos y quienes, sencillamente, no puedan ni siquiera plantearse acceder a la defensa de los mismos, lo que se traducirá en la imposibilidad material de acceder a la justicia para la mayoría de la ciudadanía, porque no se encuentre en los supuestos de disfrutar del beneficio de la justicia gratuita pero a la que resultará extaordinariamente gravoso acudir a los tribunales, lo que por sí solo justificaría la enmienda de totalidad”.

Creen que esa extensión y el “desmesurado” incremento de las cuotas generará una “inexorable imposibilidad de acceso a la jurisdicción” a una parte de los ciudadanos, que verán con ello conculcado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Según el Tribunal Constitucional, dicen los socialistas, no vulnera la Constitución una norma “que someta a entidades mercantiles, con elevado volumen de facturación, al pago de tasas que sirvan para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional”.

Sin embargo, añade el Constitucional, esa conclusión general “podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la ley son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.

Los socialistas creen que las tasas previstas en el proyecto no son asequibles “para la inmensa mayoría de los ciudadanos particulares que no son titulares del derecho de asistencia gratuita y ni siquiera lo será para muchas sociedades de volumen modesto”.