Alfred Bosch, de ERC y proponente de la iniciativa legislativa, reclamó en defensa de la misma que lo que “nosotros queremos es votar, una expresión tan simple pero tan poderosa como esa”.

En este sentido, deploró que sea la crisis económica causa principal para ni siquiera abordar un debate sobre el futuro de Cataluña, como demostró el que el presidente español, Mariano Rajoy, ni por asomos se planteara discutir con Artur Mas un pacto fiscal en un momento como el actual.

“Que la crisis se coma los presupuestos, lo entiendo, pero que se coma las urnas, es una contradicción: no son incompatibles ambas cosas”, denunció Bosch en la sesión plenaria, donde apeló al primer presidente de la democracia reciente, Adolfo Suárez, cuando dijo que todo era tan sencillo como trasladar al Parlamento “lo que ya en la calle es norma”, en este caso, para ERC, el supuesto deseo de los catalanes de separarse de España.

“A veces nos dicen que eso es ilegal ¿Cómo puede ser ilegal votar?”, clamó Bosch, quien aprovechó para criticar que la respuesta del Gobierno es que “usarán toda la fuerza de la Constitución contra la libre determinación”, lo que, a su juicio, “es un síntoma de debilidad”. “Ustedes hoy ganarán, pero no convencerán”, advirtió a PP y PSOE.

El capote que echó a ERC Jon Iñarritu, de Amaiur, fue igualmente inútil, aunque aprovechó la ocasión para preguntar al Gobierno y a los partidos constitucionalistas: “¿Qué miedo hay de que Euskadi y Cataluña decidan su futuro?”. Recordó que se llegó a modificar el Código Penal para encarcelar a un lehedankari si convocaba un referéndum, en alusión a Juan José Ibarretxe, para terminar subrayando que la de España y las nacionalistas” somos sociedades diferentes con opiniones diferentes”.

De Aitor Esteban, del PNV, no se esperaban tampoco sorpresas y confirmó su respaldo a la propuesta de ERC, tras advertir que “nadie intente volver a poner en vigor el delito por la convocatoria de referéndums”, como le pasó a Ibarretxe. En este ámbito, manifestó su esperanza en que “algunas de las fuerzas políticas de esta Cámara hayan sacado conclusiones de todo aquello” que, en su opinión, fue una “auténtica vergüenza en el derecho comparado y de la democracia”.

Rosa Díez, de UPyD, rompió el turno de intervenciones favorables a la iniciativa y aclaró que si bien la convocatoria de consultas es inherente a las democracias, “la democracia también elige sobre qué quiere votar”. Reiteró su posición contraria a la “secesión” de Cataluña, de “que una parte de los españoles decidan por todos los españoles”, y cerró deseando que no se rompa la unidad de España.

TIEMPO AL TIEMPO

Por IU, Joan Coscubiela vio llegado el momento de pedir, una vez más, la reforma de la Constitución porque, dijo, “en términos de soberanía no sirve aquello de quien puede lo más puede lo menos”. Po ello, agregó, que Cataluña pueda convocar consultas “debería ser algo que nadie discutiera en términos democráticos en esta Cámara”.

De la intervención de Jordi Xuclà, de CiU, pocas sorpresas tampoco se esperaban. Centró su discurso en dejar en manos del tiempo el “a ver qué pasa”, el “qué depara el futuro” en este contexto. “Tengamos los próximos días, semanas, meses un debate democrático y en aras de la democracia, y a la luz de ella respetemos el camino de los pueblos y de las naciones”, apuntó.

En penúltimo lugar intervino el socialista Ramón Jáuregui, quien aseveró que lo de Cataluña “no se resuelve con una consulta que obliga a los ciudadanos a elegir entre dos posiciones extremas, cuando los resultados electorales que llevamos en los treinta años”, destacó, “demuestran que la mayoría (de catalanes) tienen sentimientos de pertenencia compartidos”. Al respecto, preguntó: “¿Por qué obligarles a decidir entre dos extremos?”.

Como alternativa a ello, ofreció la consabida reforma federal, que, señaló, “ofrece notables avances en la organización del Estado”, y concluyó afirmando que la democracia “no es preguntar qué quiere ser, sino recoger la problemática que expresa un pueblo”.

Cerró el debate en el Congreso Artuiro García Tizón, del PP, para quien la proposición no de ley no es sino una “modificación constitucional encubierta”, y aprovechó la ocasión para subrayar que la Carta Magna del 78 “es un punto de encuentro”, lo que explica “su éxito en sus más de 30 años de vigencia”.