En su petición, según informó CSI-F, sindicato mayoritario en el sector, las organizaciones sindicales recuerdan a la defensora del Pueblo que el Constitucional portugués ya declaró ilegal la supresión de las pagas extraordinarias por considerar que era una medida “discriminatoria” respecto al resto de ciudadanos.

Asimismo, las organizaciones sindicales consideran que la supresión de esta paga extra, junto a la eliminación de días libres y la disminución de las retribuciones por incapacidad temporal, “vulneran el derecho a la negociación colectiva” y también “vacía el contenido del derecho a la libertad sindical”.

También denuncian que estas medidas son contrarias al derecho a ser indemnizado en caso de expropiación de derechos y no se cumplen los requisitos de necesidad y de urgencia para dictar un decreto ley.

Además, defienden que se vulneran los principios de legalidad, jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Por último, los sindicatos apelan al artículo 35 de la Constitución sobre la dignidad de la persona, en relación con el derecho a una “remuneración suficiente para atender las necesidades del trabajador y su familia”.