La iniciativa del senador de la Entesa Joan Saura, que preveía un coste de unos 45 millones de euros por cuenta del Estado, fue rechazada por 15 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, y bajo la sentencia de la portavoz del PP, María de los Ángeles Armisen, de que, como norma general, las pruebas de ADN “no se subvencionan” en España.

Armisen expresó que el apoyo de su grupo a los padres de los bebés ‘robados’ “va a ser total”, al tiempo que expresó su deseo de que “se agilice la resolución de estos casos”. Explicó que por medio del Instituto Nacional de Toxicología toda prueba enmarcada en un proceso judicial es gratuita, como así será en estos casos.

“Y dada la disponibilidad presupuestaria”, agregó la portavoz popular, “no vamos a prometer lo que no estamos en condiciones de cumplir”, dijo en su intervención en la Comisión en respuesta a la demanda económica del senador Saura.

Saura advirtió de que “estamos ante un tema no de carácter de derechas o de izquierdas, sino que estamos ante una terrible situación producto de muchas cosas, pero que fundamentalmente es humana”. Enfatizó que “estamos ante un hecho histórico, de una gravedad inconmensurable, ya que existen alrededor de 3.000 mil casos”, recordó.

Por su parte, la popular María de los Ángeles Armisen sostuvo que el Congreso ha aprobado un calendario, el cual contiene las actividades que se harán a favor de las personas afectadas en dichos casos, “es decir, que daremos apoyo psicológico”. En este contexto, agregó que trabajarán con la Agencia de Protección de Datos (APD), “ya que se verán afectadas miles de personas”.