En una rueda de prensa convocada para aclarar la situación, López Garrido remarcó que se le ha acusado de unas "conductas ilícitas que no se han producido".

En la querella se le acusa de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por las ayudas otorgadas desde su Secretaría a la Fundación Alternativas, de la que fue patrono.

López Garrido subrayó que la denuncia, de la que desconoce la motivación, "no tiene ningún fundamento ni la más mínima base legal". "Esa concesión de subvenciones se ha realizado ajustándose a la más estricta legalidad", puntualizó. El haber formado parte de la fundación no le incapacita para dar concesiones a este colectivo porque "la ley no establece ese tipo de incompatibilidades".

Por ello, manifestó que los hechos que se le imputan "no tiene ningún fundamento" porque la concesión de las subvenciones se ha realizado "ajustándose a la más estricta legalidad".

Las subvenciones objeto de la denuncia, dijo, se concedieron con transparencia, con publicidad, por lo que "no se ha quebrado para nada la ley".

El secretario de Estado se mostró confiado en la Justicia española y aclaró que "no es cierto" que él formaba parte de ese patronato cuando se concedieron esas subvenciones.

Los hechos, remarcó, son que "yo no pertenecía" a la Fundación Alternativas cuando se concedieron las subvenciones porque días después de acceder al cargo de secretario de Estado había presentado su renuncia a formar parte del patronato.

López Garrido, quien descartó que piense dimitir y que este asunto afecte a la próxima Presidencia española de turno de la Unión Europea, explicó que desde 2006 se han concedido una media de 50 subvenciones cada año, y hasta ahora nunca se ha impugnado ninguna concesión de subvenciones.

El secretario de Estado explicó que para la concesión de subvenciones existe un comité formado por 10 personas que seleccionan los proyectos y, luego, él es quien las firma.