"La norma dará potestad al Gobierno para suspender actuaciones urbanísticas ilegales, incrementará la protección de las playas naturales y dará una solución más amplia" a propietarios y negocios en la costa", sintetizó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Nos librará de atrocidades urbanísticas en el litoral”, aseguró.

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificó la reforma porque la ley vigente de 1988 "ha dado enormes problemas", ha demostrado en estos 24 años su “ineficacia” en la protección del litoral y ha creado inseguridad jurídica a los propietarios y las ocupaciones y la actividad económica en la costa", que obligaba, por ejemplo, a demoler miles de viviendas en pocos años.

"La ley no es más laxa, refuerza la prohibición de edificaciones ilegales", aclaró Cañete. "No hay amnistía para edificaciones ilegales".

El nuevo texto pretende resolver la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma (de 30 años desde la ley de 1988), es decir, en 2018 con la consiguiente pérdida de los derechos de sus titulares. “El Gobierno pretende acabar con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas y que ha permitido la proliferación de diversas ocupaciones Irregulares”, explica el Ministerio de Medio Ambiente en una nota.

La norma redefine el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicará criterios técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios.

La reforma introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para éstas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente.

VÍA ADMINISTRATIVA

Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre, o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de

protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales; con ello se podrá evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.

Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma por un plazo máximo de 75 años.

No obstante, no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.

Medio Ambiente subraya que la Comisión Europea, una vez conocido este nuevo texto, "ha valorado muy positivamente su contenido porque considera que dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español".

Según el Ejecutivo, la reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales. Porque hay

10.000 viviendas en Dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, solo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

"La nueva Ley generará confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica", indica el Gobierno, que recuerda que exxisten unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales, más de 3.000 son “chiringuitos” (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos). Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, se estima que solo en Andalucía suponen más de 40.000 empleos.