La norma dará potestad al Gobierno para suspender actuaciones urbanísticas ilegales para evitar situaciones irreversibles, “incrementará la protección de las playas naturales y dará una solución más amplia" a propietarios y negocios en la costa", afirmó Santamaría.

Según el Ejecutivo, la Ley de costas de 1988 “no ha cumplido debidamente los objetivos de protección del litoral y de seguridad jurídica de sus habitantes”, y por eso ahora se aprueba una reforma, que se enviará inmediatamente al Parlamento para su tramitaciòn.

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, justificó la reforma porque la ley de 1988 "ha dado enormes problemas", ha demostrado en estos 24 años su ineficacia en la protección del litoral y ha creado inseguridad jurídica a los propietarios y las ocupaciones y la actividad económica en la costa", que obligaba, por ejemplo, a demoler miles de viviendas en pocos años.

"La ley no es más laxa, refuerza la prohibición de edificaciones", aclaró Cañete. "No hay amnistía para edificaciones ilegales".