La denuncia asegura que el magistrado ha incurrido en una falta disciplinaria grave por verter en su resolución una “inadmisibles” y “graves acusaciones”. Las faltas graves pueden ser sancionadas con multa de hasta 6.000 euros.

Pedraz sostuvo en el auto dictado este jueves que las protestas del 25-S se enmarcaron en el ejercicio de la libertad de expresión frente a la “decadencia de la clase política” y criticó a la policía por “excederse” en sus funciones”. El magistrado, con esta resolución, decretó el archivo de la causa y dejó en libertad a los ocho imputados como promotores del 25-S.

Manos Limpias considera que, con sus palabras, el juez de la Audiencia Nacional incurrió en una falta grave definida en el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona “la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”.

El sindicato también atribuye a Pedraz una falta del artículo 418.3 de la LOPJ, que sanciona al juez que dirija “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos”.

“La actuación del magistrado ha causado un grave deterioro a la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los políticos”, señala la denuncia antes de añadir que “se ha producido además una alarma social y una trascendencia mediática, en todos los medios de comunicación de prensa, radio y televisión”.

La denuncia debe ser ahora estudiada por el servicio de inspección del CGPJ, que puede archivarla de plano o elevarla a la Comisión Disciplinaria para que se incoen diligencias informativas.