En nota de prensa, UPTA critica que no ha podido acceder a los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, pero señala que los datos de las mutuas de accidentes muestran que se han rechazado el 80% de las solicitudes.

En concreto, señala que de las más de 2.500 solicitudes resueltas, sólo algo más de 500 lo han sido en sentido positivo, a lo que se suman las algo menos de 30 reclamaciones (de un total de 350) que han tenido éxito.

La mayoría de las solicitudes denegadas alegaban causas económicas u organizativas para el cese de la actividad, pero han sido rechazas por no demostrar “de forma suficiente” la situación que forzó el cierre del negocio.

Ante esta situación, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, reclamó que se “flexibilicen” las condiciones de acceso a esta prestación con el establecimiento de un sistema de justificación de la situación económica “ajustado a la realidad”.

Las cifras expuestas por la organización señalan que las prestaciones pagadas hasta la fecha no llegan ni al 1% del capital recaudado por las cotizaciones de los autónomos, por lo que se debería haber generado “un fondo de reserva mucho mayor del previsto”.

Además, recuerda que a partir del 1 de enero la cotización por cese de actividad pasa a ser obligatoria, por lo que el desfase entre los recaudado y el gasto en prestaciones sería aún mayor.