Así lo denunció el líder de UGT en un encuentro informativo para presentar una guía elaborada por el sindicato sobre la reforma laboral. Hasta ahora, un trabajador que sufría un ERE de reducción de la jornada laboral o de suspensión temporal de su empleo y acudía a cobrar la prestación por desempleo podía recuperar hasta 180 días del paro que había agotado si posteriormente era despedido.

Este mecanismo incentivó el uso por parte de las empresas de este tipo de expedientes de regulación de empleo en vez de los de despido del trabajador.

Sin embargo, con su desaparición, el dirigente sindical considera que el Ejecutivo "da un golpe" a este tipo de ERE que permiten evitar la destrucción de puestos de trabajo.

En su opinión, la utilización de estas medidas de flexibilidad son las que han permitido a Alemania reducir la destrucción de empleo durante la crisis.

"GRAVÍSIMO ERROR"

Por otro lado, Méndez apuntó que la guía elaborada por su sindicato demuestra el "gravísimo error" que cometió el Gobierno con la aprobación de la reforma y "despreciando y tirando a la cuneta" el acuerdo sobre negociación colectiva al que habían llegado sindicatos y patronal.

En su opinión, las medidas aprobadas por el Ejecutivo han tenido "resultados funestos" y han supuesto un "golpe bajo a la autonomía colectiva", incrementando la conflictividad laboral y provocando un "atraso gigantesco en la negociación colectiva". Según Méndez, este año se han acordado una tercera parte de los convenios colectivos que a estas alturas del ejercicio pasado.

También denunció que el Ejecutivo pretende "acabar con la negociación colectiva" dando prioridad a los convenios de empresas, los que es "un grave error".

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, agregó que la reforma ha "bloqueado aún más" la negociación de los convenios y sostuvo que tanto trabajadores como empresas "siguen apostando por la negociación sectorial", a pesar de que la reforma dé prioridad a los acuerdos en las empresas.

Por otro lado, volvió a criticar las nuevas funciones decisorias otorgadas a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, y apuntó que de los 10 casos en los que se ha pronunciado desde la reforma laboral por conflictos en la inaplicación de convenios, en todos ellos ha desestimado la petición empresarial por distintos motivos.

La guía elaborada por UGT también advierte de que, si desde esta Comisión se imponen arbitrajes forzosos, el sindicato "lo impugnaría ante los tribunales por inconstitucional".