En su comparecencia al término del Consejo de Ministros, De la Vega definió el asunto como “complejo”, pero aseguró que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer: cumplir la ley”.

Así, argumentó que la Operación Atalanta prevé que los detenidos por piratería sean juzgados “con carácter prioritario” en el país cuyo pabellón ondeara en el barco que los hubiera capturado; en este caso, además, se trataba de un buque español con 16 españoles a bordo.

Según su narración de los hechos, “la Armada, cumpliendo con su obligación”, detuvo a los dos piratas; el Gobierno se lo comunicó a las autoridades judiciales competentes a través de la Abogacía del Estado, y los jueces han abierto el procedimiento correspondiente “sin que nadie haya puesto en duda el cumplimiento de la ley”.

A preguntas de los periodistas, De la Vega recalcó que “la ley es muy clara”, y, por ello, “no ha habido ni habrá discrepancias en el Comité de Coordinación” que gestiona la crisis, y “todas las decisiones se han adoptado por unanimidad”.

En el mismo sentido, no reconoció ninguna equivocación en la gestión, porque “cuando se cumple la ley no se comete ningún error”, y dijo que en el futuro volvería a tratar igual otro secuestro: “El Gobierno siempre actuará de acuerdo con la ley”.

La vicepresidenta recalcó que el Ejecutivo está actuando “de manera ordenada” en función de los acontecimientos y que sigue “explorando todas las vías ”políticas y diplomáticas, “cooperando con las autoridades somalíes” y “tomando medidas para que podamos mejorar la seguridad en la zona, como la tipificación de un nuevo delito de piratería. A su juicio, “todo lo demás son especulaciones”, que “no ayudan a liberar al atunero y traer sanos y salvos a los tripulantes”.

De la Vega negó también que haya “habido debate ni polémica sobre la jurisdicción y la competencia”. Aseguró que “no se planteó, ni se debatió, ni estuvo en la mesa” el traslado de los detenidos a Kenia y que el canje de notas es una “regla subsidiaria” contemplada por la Operación Atalanta, porque la prioridad es el juicio en el país europeo correspondiente. A partir de ahora, la posible cesión de jurisdicción “es un debate que está en el ámbito judicial”, y lo que allí se decida “estará bien hecho”.

Preguntada por el comunicado del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que respaldó la actuación del juez Baltasar Garzón señalando que actuó por indicación de la Abogacía del Estado, De la Vega afirmó que comparte “todo el comunicado”. A su juicio, éste “defiende la actuacion del juez”, que fue “al amparo de la legalidad”. Algo que ella suscribe: “Todos han actuado conforme a la legalidad y han actuado sin fisuras”.