Según el Gobierno, el fenómeno de la globalización representa también una amenaza para los sectores menos competitivos de la economía española, sobre todo pequeñas y medianas empresas que son intensivas en mano de obra y que constituyen la base fundamental del empleo y la actividad económica.

Las medidas propuestas apuestan por las políticas activas de empleo frente a otras medidas consideradas en procesos de reestructuración anteriores, donde se incidía más en políticas de protección pasivas.

"En lugar de una cultura de la prejubilación, se aprueba un amplio panel de políticas activas, algunas muy novedosas, como las relativas al proceso de búsqueda de empleo, al impulso de la movilidad geográfica y a la compensación de las diferencias salariales para impulsar la aceptación de empleos con salarios inferiores", sostiene el Ejecutivo.

Las medidas del sector mueble tienen un coste de 76 millones de euros en los siete años en que surtirán efectos, de los que 43,5 millones se financiarán con los vigentes programas de empleo y los otros 32,5 millones lo harán a través de una dotación presupuestaria.

Mientras, el coste para el sector juguete asciente a 6,7 millones de euros, de los cuales 4,4 millones serán con cargo a los vigentes programas de empleo y los otros 2,3 millones se financiarán con cargo a la dotación presupuestaria.

El número de trabajadores empleados en ambos sectores es de, aproximadamente, 150.000, de los cuales unos 5.400 pertenecen al sector juguetero.