Así lo afirmó en una entrevista concedida para el programa Gestiona Social, puesto en marcha por Gestiona Radio y Servimedia, en la que calificó de "pésima y lamentable" la propuesta presupuestaria.

A su juicio, "España tiene la obligación moral, política y jurídica para dar una explicación a las personas con discapacidad y sus familias, que son los que más necesidades tienen".

Asimismo, sostuvo que la reducción del presupuesto para discapacidad y dependencia "no va a resolver a (Cristóbal) Montoro sus cuentas públicas y su fiscalización por parte de Bruselas". En su opinión, "hace un gran daño social, que es casi irreparable". Para él, es la voluntad política y la ambición las que hubiesen permitido ahorrar de otras partidas.

"Nos encontramos en una situación catastrófica, en emergencia y de guerra", dijo. Así lo expresó para referirse a la actual situación del movimiento asociativo de la discapacidad como consecuencia de los recortes y la crisis. Según expuso, "las asociaciones de la discapacidad no sólo reivindican y presionan para tener mejores leyes y mejores presupuestos, sino que prestan y gestionan miles de servicios, al mismo tiempo que atienden dispositivos básicos que aseguren un mínimo de dignidad".

En esta línea, Luis Cayo Pérez Bueno aseguró que el movimiento asociativo "está en peligro" porque las subvenciones no llegan, incluso aquellas subvenciones que ya están aprobadas, no se abonan.

Por ello, destacó la importancia de que las entidades sociales se organicen y creen conciencia social, por lo que hizo referencia a la necesidad de que las entidades sociales se movilicen, ya que "una situación de emergencia tiene que llevar a una movilización social, de presencia, de conciencia política".

También denunció que esta situación "nos condiciona en el empleo, en la asistencia sanitaria, en la educación, en nuestros derechos humanos básicos", al mismo tiempo que manifestó que "no podemos tolerar tener menos fuerza y hay que conseguir que la agenda política de la discapacidad esté presente en la agenda global del país".

"Como movimiento social exigimos que se repare la deuda histórica del Gobierno con las entidades en términos económicos, al mismo tiempo que se adopten otras medidas que nos pueden ayudar a salir de esa situación de exclusión de no normalidad cívica y ciudadana en la que nos encontramos las personas con discapacidad", concluyó.