En rueda de prensa ofrecida en el Congreso, Llamazares insistió en que estas "votaciones tentativas" dan la impresión de que el TC, "lejos de hacer una valoración jurídica" del Estatut "hace una nueva valoración política por encima del Parlamento catalán y de las Cortes".

El pleno del Tribunal Constitucional que delibera sobre el Estatuto de Cataluña realizó el jueves una primera prospección que resultó contraria a la ponencia elaborada por la magistrada Elisa Pérez Vera en aquellos aspectos que avalan la constitucionalidad de los puntos clave del Título Preliminar.

Seis de los diez magistrados que integran el pleno rechazaron la ponencia redactada por la progresista Elisa Pérez Vera, en la primera votación que se produce tres años después de que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad.

Pérez Vera defendía inicialmente la constitucionalidad, entre otros aspectos, del preámbulo donde se establecía que el Parlamento autónomo considera a Cataluña una "nación". Sin embargo, tras los últimos retoques, la constitucionalidad del término "nación" ya se ha dado por perdida incluso para la ponente.

La ponencia avalaba los artículos que hablan de los derechos históricos del pueblo catalán (el 5) y establecen el deber de conocer el catalán (artículo 6). Pero estos puntos no alcanzarían el listón de constitucionalidad exigido por los seis magistrados que se pronunciaron en contra.

Entre ellos, se encuentra el progresista Manuel Aragón Reyes, alineado con el bando conservador, lo que pone al Estatuto catalán en un brete de ser rechazado en aspectos clave para el Gobierno tripartito de Cataluña y para CiU.

Por ello, IU advierte al Gobierno que "debe asumir su responsabilidad", puesto que quien está teniendo una actitud "impresivible" y "sorprendente" no son los magistrados nombrados por la derecha, sino los nombrados por el PSOE.

"El Gobierno", dijo Llamazares, "debe asumir su responsabilidad y que ésta no es una maniobra artera de la derecha" sino que los problemas que el Ejecutivo está teniendo en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial son las consecuencia de "sus renuncias y su debilidad".