Uno de los arrestados deberá abonar una fianza de 1.000 euros para no ingresar en prisión, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Otro de los detenidos, menor de edad, ha quedado a disposición de la Fiscalía de Menores.

La magistrada, en funciones de guardia, ha tomado esta decisión tras interrogar a los imputados a lo largo de la tarde. En el exterior de los juzgados se dieron cita varias decenas de personas, entre simpatizantes, amigos y familiares de los arrestados.

RECHAZO DE LA AUDIENCIA

Los detenidos por los altercados fueron trasladados a los juzgados ordinarios de la madrileña Plaza de Castilla sobre las 16.30 horas, después de que la Audiencia Nacional rechazase hacerse cargo del caso.

A pesar de la intención del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de entregar a los arrestados a la Audiencia Nacional, el juez de guardia, Santiago Pedraz, consideró que los hechos no eran competencia de este órgano jurídico.

El magistrado explicó en una providencia que el atestado que la Brigada Provincial de Información le había remitido reflejaba delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos pero no atribuía a los arrestados delitos contra las altas instituciones de la Nación, una figura que si sería competencia de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también se opuso a que este órgano jurídico se hiciese cargo del caso, según informaron fuentes del Ministerio Público.

DENUNCIA CONTRA LA POLICÍA

Los abogados que representan a los 35 detenidos por los altercados han presentado esta mañana una denuncia contra la Policía Nacional por el retraso en la puesta a disposición judicial de los arrestados.

La denuncia, presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, acusa a los responsables policiales de “dilaciones indebidas” y asegura que los detenidos seguían esta mañana privados de libertad “sin justificación alguna”.