Los socialistas llaman a esa ley “De segunda oportunidad” en la línea de las aprobadas en otros países europeos, y con ella buscan evitar que el impago de la hipoteca por esa insolvencia sobrevenida suponga una “condena a la exclusión social y a la desesperanza”.

La propuesta afecta a la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de Regulación del Mercado Hipotecario, la de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y la de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, incluyendo los créditos hipotecarios.

Asegura el PSOE que no se trata de “legalizar el impago y la irresponsabilidad”, sino de conceder el mismo trato que recibe una sociedad o un comerciante individual, al deudor persona natural que ha derivado hacia la insolvencia no dolosa de un modo imprevisto, sin condenarle a la exclusión social.

El Título Primero prevé medidas para equilibrar la posición del deudor con la del acreedor respecto a las tasaciones, los abusos en los procedimientos de subastas y los intereses de demora.

Así, por ejemplo, establece que el valor de tasación del bien a efectos de ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo. También se potencia la ejecución extrajudicial de bienes hipotecados y se protege al deudor en las subastas.

En el apartado de prevención del sobreendeudamiento, se proponen medidas para impedir que la hipoteca sobre vivienda habitual garantice un crédito o préstamo cuyo plazo de amortización exceda los treinta años o cuyo principal supere el 80% del valor de tasación de la vivienda.

En ese mismo apartado proponen establecer un límite de cinco puntos a la variabilidad del tipo de interés en caso de hipoteca sobre vivienda habitual.

El Título Segundo amplía las garantías contenidas en el Código de Buenas Prácticas para hacerlas obligatorias para las entidades que reciban ayudas públicas. También incluye medidas para facilitar la reestructuración de la deuda, la quita en el capital pendiente de amortización y la dación en pago.

El Título Tercero establece un procedimiento extrajudicial previo al concursal para solucionar el sobreendeudamiento sobrevenido no doloso y dispone la imposibilidad de iniciar la ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual del deudor durante la sustanciación del procedimiento y el concurso de acreedores.

El PSOE quiere que todas estas medidas afecten a las hipotecas futuras y presentes, excepto las que ya estén en trámite de ejecución, asumiendo que no sería posible aplicarlas a las ya ejecutadas.