Para el PSOE, “la orden ministerial es radicalmente nula por extralimitación de la potestad normativa que tiene atribuida”.

La amnistía fiscal se incluye en el real decreto-ley por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, y algunos aspectos de la misma que regularon con posterioridad vía orden ministerial.

Los socialistas solicitan la adopción de medidas cautelares, y piden la suspensión de la medida por los “perjuicios irreparables que originarían su ejecución inmediata”, ya que la amnistía fiscal tiene como fecha límite para acogerse el 30 de noviembre de 2012, por lo que de ser favorable el futuro pronunciamiento sobre el recurso interpuesto la retroacción de los efectos de la misma devendría imposible.

“El interés público presente en nuestro sistema impositivo exige que se suspenda” la disposición que se desarrolla en la orden ministerial, subraya el PSOE.

Además, destacan que “el interés general exige que una disposición que se extralimita de manera evidente y pone trabas a la lucha contra el fraude no se aplique”.

Por otra parte, los socialistas aseguran que es “imposible” encontrar “argumento jurídico con anclaje constitucional que permita justificar el reconocimiento de beneficios fiscales a los defraudadores”.

Éstos, como consecuencia de la regulación impugnada, “se ven liberados del cumplimiento de sus obligaciones tributarias pendientes y de las sanciones que les pudieran corresponder por el pago de una cantidad que apenas llega a cubrir el importe de los recargos e intereses de demora” que se tendrían que satisfacer de acuerdo a la Ley General Tributaria.