A través de un comunicado, el SUP sostuvo que la actuación policial, que se saldó con una treintena de detenidos, estuvo “plenamente justificada”.

Según este sindicato, “se pretendía evitar el acceso al Congreso y se consiguió ese objetivo. Hay que recordar que el Código Penal contempla como delito el mero hecho de manifestarse ante la Cámara cuando esta se encuentra reunida tratando de perturbar su normal funcionamiento”.

Por este motivo, el SUP estimó que “resulta especialmente preocupante que algunos representantes de partidos políticos a los que se intentó proteger justifiquen la violencia de unos pocos y critiquen la actuación policial”.

Esta organización sindical añadió que el despliegue de 1.400 policías en los alrededores del Congreso “estaba plenamente justificado ante la gravedad de los incidentes”.

Asimismo, el SUP estimó “lamentable que se critique que los policías no llevaran identificación, mientras que con su silencio o de forma clara algunos justificaran las agresiones a policías”. Según este sindicato, parece que algunos justifican la violencia contra los agentes por el “hecho anecdótico” de que algunos no pudieran no estar identificados.

Por último, este sindicato policial consideró que, como consecuencia del intento de cercar el congreso, "la imagen de España en el exterior ha bajado unos cuantos escalones con estos incidentes”.