En este sentido, el Cermi solicita la intervención de Soledad Becerril para que inste al Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a que regule "reglamentariamente y con urgencia" las condiciones mínimas exigibles que permiten a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a estos productos y servicios.

Según establece la disposición final sexta de la Liondau, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá aprobar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público para las personas con discapacidad.

Por ello, el Cermi explica que el Gobierno debería haber desarrollado las condiciones básicas de accesibilidad en el año 2005 en cumplimiento de esta obligación, pero que, sin embargo, está todavía pendiente este desarrollo, lo cual, según expone, "debilita la protección de las personas con discapacidad y las expone a una situación de mayor vulnerabilidad frente a discriminaciones y violación de sus derechos".