La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, subrayó la “profunda crisis” del sector lácteo en la cornisa cantábrica, especialmente en Galicia, donde es un sector estratégico, en el que trabajan 200.000 personas en una producción de unos 8.000 millones de euros al año.

El sector vive “una situación crítica que no tiene precedentes”, aseguró el portavoz del área, Alejandro Alonso, que alertó del riesgo de desaparición del sector.

La iniciativa del PSOE reclama ayudas directas para compensar la pérdida de producción y mayor rigor de las autoridades de competencia para evitar que las grandes cadenas de distribución utilicen la leche como “reclamo” vendido en pérdidas para compensar a otros sectores.

Quieren que todos los contratos se hagan en papel con la figura de un mediador para evitar que el ganadero sea víctima de “prácticas abusivas”, y que se defienda en la Unión Europea al sector español, convertido en “sumidero” en el que entra la producción “que sobra” en otros países, especialmente en Francia y Alemania.

El portavoz del PP, José Cruz Pérez, respondió inmediatamente en otra rueda de prensa acompañado de varios diputados gallegos para denunciar que el PSOE sólo se preocupa de los productores de leche un mes y medio antes de las elecciones autonómicas en Galicia.

Aseguró que el ministro, Miguel Arias Cañete, trabaja “desde el primer día” con el sector, se ha reunido con las asociaciones, y en varias ocasiones ha planteado el asunto en el Consejo de Ministros, que próximamente propondrá nuevas medidas a la Unión Europea.

Subrayó que ya se han tomado medidas y hay un acuerdo de los productores con Mercadona para aumentar lo que reciben los productores, que podría extenderse a otras grandes cadenas de distribución.

La intención es obligar a la contratación por escrito para defender a los productores, reforzar los mecanismos de concentración de oferta, y aumentar el control de calidad de la leche que se vende en España.

El portavoz del PP acusó al PSOE de proponer medidas “impropias” de quien ha gobernado y pretende volver a hacerlo, y subrayó que las ayudas directas son “prácticamente imposibles” sin autorización por la Unión Europea.