Según informó el Instituto Armado, los arrestados ofertaban los falsos títulos por Internet y cobraban entre los 2.500 a 3.000 euros por cada certificación ilegal. El grupo desarticulado llegó a expedir 50 titulaciones, por las que habrían obtenido alrededor de 100.000 euros.

Además de la certificación de patrón de yate, los detenidos también ofrecían la obtención de cualquier tipo de titulación relacionada con el mundo náutico. En concreto, ofertaban acreditaciones de capitán de yate, patrón de embarcaciones de recreo, patrón para navegación básica, habilitación para el gobierno de embarcaciones de vela, etc.

Tras conocer por Internet la oferta de los falsos títulos, a los interesados se les informaba de que una persona con más de 25 años de experiencia en el sector de la náutica se encargaría de realizar el examen. Los exámenes podían realizarse en cualquier Capitanía Marítima de España.

SIN CONSTANCIA OFICIAL

Los interesados efectuaban el pago de la mitad del dinero y transcurridos unos quince días recibían en su domicilio la titulación, tras lo cual debían abonar el resto de la cantidad pendiente.

Tras múltiples gestiones a través de las diferentes consejerías de las comunidades autónomas afectadas, se comprobó que las personas que habían obtenido la titulación no figuraban en las bases de datos oficiales.

Asimismo, los agentes llegaron a la conclusión de que los interesados desconocían si verdaderamente alguien había realizado el examen en su nombre. También ignoraban si habían pagado por un titulo falsificado o si por el contrario habían sido víctimas de estafa.

En la fase de explotación de la operación se practicaron dos registros domiciliarios en Barcelona. Además, se procedió a la intervención de material informático, del que se obtuvo información relacionada con varias de las personas que habían comprado las titulaciones por este sistema.

Tras el análisis de la información obtenida y continuando con las gestiones, se consiguió averiguar la identidad de 52 personas en todo el territorio nacional que habían adquirido la titulación de esta forma. Estos ciudadanos fueron imputados por los supuestos delitos de falsificación de documento oficial y usurpación de identidad.