Así consta en una Proposición No de Ley que ERC, a través del Grupo Mixto, ha registrado en el Congreso de los Diputados para su debate en el Pleno.

El texto propone que la Cámara Baja inste al Gobierno a “transferir, en el plazo máximo de 6 meses [...] a la Generalitat de Catalunya las facultades de ejecución de la legislación del Estado para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.

El objetivo es que la Generalitat de Catalunya “disponga de la facultad de someter las decisiones políticas de trascendencia especial al referéndum de la ciudadanía de Catalunya”.

En su iniciativa, ERC señala que “el referéndum es uno de los principales instrumentos de participación popular y de expresión de su voluntad en los modelos de democracia representativa, como los actuales”. “En consecuencia, debería ser un mecanismo normalizado de expresión política en cada una de las Administraciones con poder decisión”, defiende esta formación, liderada en el Congreso de los Diputados por Alfred Bosch.

Sin embargo, añade el texto, “en el Estado español, esta normalización está obstaculizada de manera incomprensible por la autorización previa estatal a cualquier referéndum de una Comunidad Autónoma o municipio”.

En este sentido, recuerda que “el Parlamento catalán aprobó una Ley de Consultas que precisamente iba en el camino de la normalización de las mismas como mecanismo de profundización en la democracia”. “No obstante, la Ley fue impugnada por el Gobierno del PSOE y suspendida por el Tribunal Constitucional, dejando a Catalunya sin esta importante Ley para otorgar mayor poder de decisión a su población”, señala.

MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para ERC, “extender el derecho de participación directa de la ciudadanía respecto a las decisiones y acuerdos sobre aspectos de especial trascendencia política que afecte al ámbito estricto de las Comunidades Autónomas, haría posible una articulación del poder evidentemente más participativa”.

ERC apunta que “el artículo 150.2 de la Constitución española habilita al Estado para transferir o delegar a las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.

“En consecuencia, depende sólo de la voluntad política del Parlamento español que la Generalitat de Catalunya asuma las competencias de ejecución de la legislación estatal para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”, afirma ERC.