De esta forma, el letrado, Francisco Javier Díaz Aparicio, pretende conseguir que los delitos que se imputan al pirata Willy no superen los seis años de cárcel, para poder expulsarle de España aplicando la Ley de Extranjería.

Por el momento, tanto Willy como el otro pirata, Raageggesey Hassan Haji, están acusados como autores de 36 delitos de detención ilegal -por los 36 tripulantes del atunero-, otro de robo con violencia, otro de asociación ilícita y un delito adicional de uso de armas, figuras por las que podrían ser condenados a más de 200 años de cárcel.

La estrategia de defensa de Díaz Aparicio pasa por pedir que se considere que Willy y Haji no fueron autores, sino cómplices, del secuestro del atunero vasco. Además, el abogado pide que se tenga en cuenta que los detenidos apenas participaron dos días en el rapto.

De esta forma trata de reducir lo máximo posible la pena a la que se enfrenta su cliente. Para empezar, pide que se retiren de la acusación el delito de asociación ilícita, que conlleva penas de entre seis y doce años de cárcel (artículo 516 del Código Penal), y el delito de robo con violencia, penado con entre tres años y medio y cinco años de prisión (artículo 242).

Además, si se considerara a los piratas cómplices -y no autores- del secuestro, el delito de detención ilegal sólo conllevaría penas de un máximo de seis años de cárcel (artículo 164 del Código Penal).

Por lo tanto, en el escrito presentado esta mañana, Díaz Aparicio pide “que por el juez instructor se fijen los términos de la imputación”. Para ello, el letrado hace un relato de todas las acusaciones que se han efectuado contra los dos piratas encarcelados en España desde que fueron detenidos el pasado 3 de octubre y destaca que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extrajo de la imputación el delito de robo con violencia.

Por último, el letrado pide que se transforme la causa en procedimiento abreviado, al entender que, si se aceptan sus premisas, los dos piratas se enfrentarán a penas inferiores a los nueve años de cárcel, tope legal para poder utilizar está fórmula.

Díaz Aparicio pretende con esta petición agilizar el proceso, ya que la fórmula del procedimiento abreviado permite, en principio, realizar una instrucción más rápida.