Según informó el Ejecutivo, la iniciación de este proceso de privatización ha requerido que el Real Decreto Ley 20/2012 suprimiera la restricción legal anteriormente existente que obligaba al Estado a mantener una posición mayoritaria en el capital de la compañía.

Con esta operación, sobre la que se ha recabado informe preliminar del Consejo Consultivo de Privatizaciones, se trata, al igual que sucede en otras economías de países vecinos, de dar entrada en la gestión del seguro de crédito a la exportación a un operador especializado que aporte, además de una oferta económica adecuada, capacidades técnicas que permitan mejorar la eficiencia de la gestión del seguro de crédito a la exportación; todo ello manteniendo la Administración un control público de la actividad de la Cuenta del Estado, que gestiona Cesce.

El Acuerdo atribuye a SEPI la condición de agente gestor de la privatización para ejecutar el proceso, para lo que se suscribiría un convenio con la Dirección General del Patrimonio del Estado.

El resultado económico de esta enajenación se ingresará en el Tesoro Público.