La norma salió adelante con 196 votos a favor, 120 en contra y 6 abstenciones. El Gobierno contó con los votos del PP, CiU y UPN. Votaron en contra del mismo los diputados de La Izquierda Plural, UPyD, Amauir, ERC y BNG, y se abstuvieron PNV y Coalición Canaria. La norma se tramitará como proyecto de ley.

Con esta nueva reforma financiera, el Gobierno cumple compromisos adquiridos con la UE en el memorando de entendimiento para recibir la asistencia financiera, de hasta 100.000 millones de euros.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, defendió que este real decreto, y los dos que le preceden, “nos llevará a un sector financiero más eficiente, saneado e integrado, con entidades más solventes”, y recordó que este es el paso previo para que los bancos estén en “condiciones de conceder financiación a la economía real”.

Durante el debate, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, señaló que el Gobierno ha puesto “al borde de la quiebra” a buena parte del sistema financiero español, y destacó que de seguir por la misma línea sólo se llegará al “abismo”.

El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte pidió responsabilidad al PSOE, y destacó que es necesario tiempo para arreglar todo lo que “rompieron” los socialistas en sus años de Gobierno.

“LLEGA TARDE”

El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, consideró que esta norma “llega con retraso”, si bien consideró que puede impulsar la confianza, que fluya el crédito y favorecer la salida de la crisis.

En todo caso, el diputado de CiU subrayó que “nadie entiende” que España vaya a acudir a un rescate financiero con un techo de 100.000 millones de euros y que en la economía real “no haya posibilidad de conseguir un crédito con facilidad y a un coste competitivo”.

Mientras, para Alberto Garzón, de la Izquierda Plural, este decreto es un dictado de “instituciones como la troika” y acusó al Gobierno de decir mentiras e inexactitudes. Además, dijo que es un decreto tan abierto que permitirá al Gobierno hacer “una cosa y la contraria”.

COSTE CIUDADANO

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo lamentó que los inconvenientes de entidades concretas se hayan convertido en un problema para el conjunto de los ciudadanos, y señaló que es “insultar a la inteligencia” decir que “el coste va a ser cero” para los ciudadanos.

Desde las filas del PNV, Pedro Azpiazu indicó se abstiene, aunque están “sustancialmente de acuerdo” con el contenido. Además, apuestan por la tramitación de la norma como proyecto de ley para “tener oportunidad de presentar enmiendas para evitar inconvenientes” de la aplicación de la misma.

Dentro del Grupo Mixto, Francisco Jorquera (BNG) apostó por presentar un recurso de inconstitucionalidad al decreto, Teresa Jorda (ERC) señaló que la ayuda financiera supondrá una “espiral de recesión que va a hundir a España en la miseria”, Rafael Larreina (Amauir) dijo que votarían en contra, Ana Oramas (Coalición Canaria) justificó la abstención de su grupo, y Carlos Salvador (UPN) explicó que votaría a favor.

CONTENIDO DECRETO

La Sociedad de Gestión de Activos (SGA), como se ha denominado oficialmente al “banco malo”, queda a expensas de un desarrollo reglamentario posterior más detallado.

Esta sociedad nace con vocación temporal, y su vigencia se estima será de entre 10 y 15 años, plazo que el Gobierno considera suficiente para conseguir generar valor con los activos que se integren en el mismo.

Por otra parte, con esta reforma, el Ejecutivo crea un nuevo marco de gestión de situaciones de crisis de entidades de crédito, que permitirá su reestructuración eficaz y la resolución ordenada en caso necesario.

Además, se lleva a cabo una nueva regulación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que delimita sus competencias y refuerza las herramientas de intervención en todas las fases de gestión de crisis.

En el real decreto se refuerza además la protección a los inversores minoristas, se refuerzan los requerimientos de capital que deben tener las entidades, se fijan nuevos límites a la remuneración de directivos de entidades con ayudas y se traspasan competencias del Ministerio de Economía al Banco de España.