“Este último caso pone de relieve la necesidad urgente de que las autoridades de Estados Unidos resuelvan los casos pendientes de detenidos y cierren el centro de detención de una vez por todas”, señalaron desde Amnistía Internacional.

El fallecido, Adnan Farhan Abdul Latif, que había sido detenido en enero de 2002, se convierte en el noveno preso de Guantánamo que muere en la base desde que los militares estadounidenses comenzaran sus operaciones de detención hace ya una década.

Por ello, Amnistía Internacional pidió a las autoridades americanas que resuelvan con urgencia los casos de 167 hombres que todavía permanecen en Guantánamo, “y que lo hagan de una manera coherente a los principios internacionales de derechos humanos”.

“Los militares de EEUU deben poner fin a este tipo de atrocidades. Los detenidos deben tener un juicio justo ante los tribunales independientes o puestos en libertad”, señaló el investigador de Amnistía Internacional Rob Freer.

“Las autoridades de EEUU deben permitir una investigación totalmente independiente, que sea dirigida por civiles, y en caso de Adnan Latif, deben proveer a su familia toda la información que requieran sobre su muerte”, añadió.

Con todo, el Servicio Naval de Investigación Criminal (NCIS) ya ha iniciado la investigación para determinar las causas y circunstancias de la muerte de Adnan Latif.

Asimismo, AI informó que, según datos oficiales, seis de los últimos ocho fallecidos en Guantánamo se suicidaron, mientras que los otros dos fallecieron por causas naturales.

En el caso de Adnan Latif, la organización indica que las informaciones que maneja indican que durante la década que pasó en Guantánamo estuvo confinado en una habitación él solo y se había intentado suicidar en varias ocasiones.

Según Amnistía, en julio de 2010, un juez federal de EE.UU dictaminó que la detención de Adnan Latif era ilegal, por lo que debía ser puesto en libertad. El Gobierno de Obama apeló y en octubre de 2011 la Corte de Apelaciones revocó el fallo. En mayo de 2012 inició una huelga de hambre para protestar contra su detención, aunque finalmente la dejó el 1 de junio de este año. La ONG pidió que no se vulneren los derechos humanos, y que los familiares de los recluídos tengan acceso a una indemnización.