En rueda de prensa, Flores aseguró que “el derecho de los alumnos a recibir educación no está en riesgo”, pero advirtió que si esta situación de no abono de los gastos corrientes persiste, algunos centros podrían llegar al concurso de acreedores”.

Dejarían de pagar sus suministros, al personal no docente, etc., declaró Flores, quien definió la situación del sector como “crítica, próxima a la quiebra”.

Según el secretario general de enseñanza de USO, Antonio Amate, se ha generalizado una situación de retraso que va de uno a dos años en el abono de las sustituciones, la seguridad social del personal religioso, las ayudas para comedores y el sueldo de los profesores de apoyo, entre otros.

A ello hay que agregar los impagos que desde hace meses también son frecuentes en otros gastos de funcionamiento de los centros.

Jesús Pueyo, secretario general del Sindicato FSIE, citó como ejemplo los casos de Baleares, que no abona las sustituciones desde 2010 y debe la seguridad social de los religiosos desde 2011; Castilla-La Mancha, que no paga ni por la contratación de sustitutos, ni por las ayudas para compras de libros desde 2011, o Valencia, que adeuda diversos gastos de funcionamiento y de comedor desde abril.

RECORTES

En su intervención, el asesor jurídico de Escuelas Católicas José Luis Centeno añadió que en algunas comunidades autónomas se han reducido hasta un 90% las aulas para alumnos con necesidades especiales, que en otras han desaparecido los profesores de apoyo de Bachillerato y que muchas han suprimido las becas de comedor y las ayudas para libros.

Los recortes nos afectan igual que a la enseñanza pública o incluso más”, subrayó Centeno, quien negó que la educación privada y concertada “se esté beneficiando de los recortes”.

“Existe la percepción social de que esto es así”, pero lo cierto es que “los profesores han sufrido una rebaja de sueldos de entre el 4 y el 7%” por los reales decretos de abril y junio, subrayó, que además se ha consolidado en los presupuestos de 2012 y qu (a diferencia de los empleados públicos) e disminuirá sus cotizaciones a la Seguridad Social.

De hecho, en comparación con 1993 se ha perdido un 30% de inversión, destacó.

Asimismo, mantuvo que “la demanda de la enseñanza concertada no ha disminuido y de hecho ha aumentado el número de familias que no podemos atender.

Sí han bajado las inscripciones en servicios como comedores, campamentos, o actividades extraescolares, explicó Centeno, para quien resulta “incomprensible la actitud del Ministerio de cerrar cualquier línea de diálogo” y aplicar recortes sin contar con nadie.

Estas restricciones se podrían haber aplicado con otros tiempos y en otros conceptos, apuntó Flores, y reclamó al ministro Wert la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de la enseñanza Concertada para abordar esta situación.