UGT, en un comunicado, muestra su “profunda preocupación” porque cree que en torno a “la tercera semana de octubre verá la luz un plan de reestructuración profundamente agresivo con los trabajadores y trabajadoras de la empresa, elaborado por un grupo de consultores externos, en el que los sindicatos no han sido consultados como legítimos representantes de la plantilla de Iberia”.

“Lo que pudiera contener ese plan pergeñado por presuntos expertos y liderado por el consejero delegado de la empresa, Rafael Sánchez-Lozano y su presidente, Antonio Vázquez, puede dibujar un panorama de gran conflictividad social, pues sospechamos que se están barajando reducciones salariales del 5%, congelación de la progresión por antigüedad en el período 2013- 2014 y condicionar la paga extra del mes de abril a los resultados de la aerolínea”.

A esta situación, añade que en los planes que ellos conocen se apunta a la reducción “de manera drástica” de la producción industrial de la empresa con “la venta de las líneas de negocio de mantenimiento e ingeniería y el abandono de los servicios de handling (asistencia en tierra), excepto en Madrid”.

Por tanto, para UGT, “en el escenario más adverso, podría estar contemplándose un excedente de unos 5.200 trabajadores de tierra, 850 TCP (tripulantes de cabina de pasajeros) y más de 350 pilotos. La totalidad de estos 6.200 trabajadores y trabajadoras se irían a la calle mediante la aplicación del ERE 72/01 –en vigor desde el año 2001–, y con el despido colectivo contemplado en la nueva Reforma Laboral aprobada por el Gobierno del PP”.

Para UGT, la definición de un contexto “tan agresivo para los trabajadores abrirá el camino a un escenario violento de negociación en todos los ámbitos”.

Por ello, ante esta situación, os sindicatos UGT, CCOO y Sepla han solicitado, “con carácter de urgencia”, la convocatoria de la Comisión de Seguimiento Económico y Social de Iberia. En dicha reunión UGT, según el comunicado del sindicato, insistirá en que cualquier disminución de plantilla debe hacerse en el marco y vigencia del ERE 72/01, aplicando los vigentes acuerdos de garantía de mantenimiento de empleo de Tierra y TCP.