Según informó hoy el CERMI, en la queja presentada ante el Consejo se argumenta que la subtitulación y la autodescripción permiten garantizar el derecho de comunicación de las personas con discapacidad, ya que aseguran el acceso a los contenidos e informaciones del medio audiovisual en igualdad de condiciones.

Ambas actividades están legalmente reconocidas por el ordenamiento jurídico a través de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que establece determinadas obligaciones a los operadores respecto de la emisión de contenidos audiovisuales accesibles para personas con discapacidad sensorial.

Para el CERMI, la subtitulación y la autodescripción deben ser realizadas por profesionales debidamente cualificados que hayan seguido una formación reglada establecida al efecto, pues no hacerlo “conlleva consecuencias negativas para el desarrollo de la accesibilidad de contenidos mediante estos sistemas”.

A su juicio, la falta de regulación de estas profesiones supone un importante obstáculo para alcanzar la plena y efectiva igualdad de las personas con discapacidad respecto del derecho de información y comunicación reconocido, entre otras disposiciones, en el artículo 21 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.