La Fravm denuncia la aprobación del decreto a espaldas de oposición, sindicatos, profesionales y usuarios; y acusa al Gobierno regional de destinar millones de euros a la reorganización sanitaria y a la construcción de hospitales privados "infradotados, desatendiendo la atención primaria y especializada y eludiendo la contratación del necesario personal sanitario".

Según informó la Fravm, miles de vecinos de Adelfas (Retiro) y Fuencarral acuden a centros de salud instalados en barracones prefabricados; y ambulatorios como el de Aluche prestan servicio a 40.000 usuarios (casi el doble de lo recomendado por la Ley General de Sanidad) en los bajos de un edificio, al igual que ocurre en el de La Elipa.

Igualmente, la Fravm denuncia que los vecinos de multitud de barrios de la capital esperan desde hace años la construcción de centros de salud y de centros de especialidades; y señala que los pueblos de la región no se encuentran en mejores condiciones y también cuentan con equipamientos sanitarios insuficientes.

Para la Fravm, con el Área Única y los restrictivos presupuestos, el Gobierno regional "da la espalda a las necesidades sanitarias más acuciantes de usuarios y profesionales, destinando millonarias partidas presupuestarias a una reorganización sanitaria que, no estando acompañada del necesario incremento de medios, no resolverá los problemas más urgentes: centros de salud saturados, listas de espera, falta de profesionales para cubrir bajas y vacaciones...".

A juicio de la Fravm, la libre elección de profesionales y el Área Única dificultará la planificación de los recursos y, además, alejará el centro de la toma de decisiones de los centros sanitarios y despreciará variables sociodemográficas y problemas de salud específicos de cada zona.

Por ello, los responsables de la Fravm instan al Gobierno regional "a que paralice la tramitación del decreto y abra un espacio de debate y negociación con todos los agentes políticos y sociales implicados". A su juicio, un cambio tan radical de modelo sanitario requiere "una justificación razonable" y "un debate amplio que el Gobierno no puede eliminar por la vía del `decretazo', una fórmula desafortunadamente cada vez más utilizada por Esperanza Aguirre para imponer su proyecto de Gobierno".