Según estas ONG, la legislación española “obliga a estudiar de forma individual si cada una de dichas personas reúne los requisitos necesarios para acceder a territorio español”, un procedimiento que, al resolverse de forma colectiva, no se ha cumplido en este caso.

En un comunicado, denunciaron que a “potenciales refugiados no se les ha posibilitado la solicitud de asilo” y que, en cambio, se les ha entregado “a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos”.

La Ley de Extranjería española garantiza además a los inmigrantes el acceso a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial; la comprobación de que no proceden de países en conflicto o donde se vulneran los derechos humanos, y la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de posibles refugiados o víctimas de trata.

A parte de las madres y de los menores que han sido acogidos en Melilla, 73 inmigrantes de los 83 que llegaron han sido devueltos a Marruecos, en lo que supone “una clara violación” de su propia ley por parte de España, destacaron las ONG.

Además, prosiguieron, en el mismo momento de su entrega por parte de la Guardia Civil "ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los subsaharianos a través de la frontera con Argelia, donde son abandonados en mitad del desierto".

Las fuerzas de seguridad marroquíes han "sido denunciadas reiteradamente por las palizas y malos tratos que dispensan a las personas inmigrantes", recordaron los firmantes, que pidieron a España no subordinar los derechos humanos y en particular el de asilo “a un cálculo político contra el posible efecto llamada”.