El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del director general de Farmacia, el doctor Agustín Rivero, que ha asistido a esta Asamblea General como invitado, ha manifestado que siempre respetará las actuaciones de los médicos basadas en sus deberes deontológicos, según informa en una nota de prensa la OMC.

La Asamblea Extraordinaria de la OMC, celebrada hoy en Madrid, en la que han participado los presidentes de los 52 colegios médicos de España, ha consensuado una declaración con la que, ante las “hipótesis barajadas en el desarrollo de la aplicación de la norma legal”, pretende ofrecer “orientaciones deontológicas ajustadas al marco deontológico de la profesión médica” y “aclaraciones a las interpretaciones que esta norma ha producido en distintos ámbitos sociales, políticos y sanitarios”.

La OMC afirmó que “ve con preocupación la promulgación de normas legales y reglamentos que, según como se entiendan y se apliquen podrían generar problemas de desatención sanitaria entre el colectivo de inmigrantes que no tengan regularizada su situación”.

Tras señalar que entre los profesionales sanitarios se están planteando medidas de diferente tipo para hacer frente a esta situación –desde la objeción de conciencia, la desobediencia civil o la insumisión-, respuestas, que según la OMC, “no se pueden confundir en ningún caso”, la corporación hizo un análisis deontológico ante la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia, quienes, a partir del 1 de septiembre, solo tendrán derecho a la asistencia sanitaria en caso de urgencia, embarazo y parto o si son menores de edad.

En cuanto a la continuidad asistencial, preservada en el propio Código en su art. 11, la declaración expresa que “si se llegará producir una interrupción de la asistencia a un paciente por razones ajenas a la voluntad como puede ser un cambio normativo, el médico no puede interrumpir sin más la atención del paciente, sino que debería velar por ayudar, en la forma que sea adecuada, a la continuidad asistencial cuando esta sea precisa”.

Considera que sería “equivocado” retirar la asistencia sanitaria de a los inmigrantes en situación irregular”; cree que es preciso “evaluar el impacto económico y socio sanitario de las medidas que se vayan a adoptar” y alerta de que “si las autoridades sanitarias no adoptan con urgencia medidas apropiadas, esto podría generar una distorsión asistencial que, sin duda, va a repercutir en el resto de la población, especialmente, en los servicios de urgencia”.

Por útlimo, ofrece a las autoridades sanitarias la “leal colaboración de los profesionales” y reclama que “se respeten nuestras actuaciones basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos de atención urgente, estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial”.