En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta apuntó que existe “cierta confusión” respecto a la nueva norma, que según dijo “garantizará” el derecho a la asistencia sanitaria gratuita a “todos los nacionales españoles” y a los inmigrantes con permiso de residencia.

“Al resto se le atenderá”, prosiguió, pero dicha asistencia, al igual que sucede en Europa, “deberá ser abonada”, declaró Sáez de Santamaría.

O pagan sus estados de origen (mediante la firma de convenios), o los propios inmigrantes o las Comunidades Autónomas con cargo a sus servicios sociales, explicó, pero lo que está claro, puntualizó, es que “en ninguna parte de España tendrán derecho a la tarjeta sanitaria” y por tanto a la gratuidad.

Ahora, “son las Comunidades Autónomas las que tienen que decidir” cómo van a prestar esta atención y de qué forma cobrarla, concluyó.