Por esto, han pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que revise el citado real decreto y

que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria.

Estas cuatro ONG afirman que "cuando mañana entre en vigor la reforma sanitaria, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España".

Las organizaciones firmantes denuncian además que "la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto".

Tanbién advierten de "las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población".

Recuerdan, asimismo, que "los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos".